A lo ancho del Vichada y de parte del Meta, se extienden 14 millones de hectáreas de suelos ácidos, saturados de aluminio, y con una pobre disponibilidad de nutrientes, conocidas como “la altillanura” colombiana.
Durante décadas una parte de esos suelos se destinó a la ganadería extensiva y a la extracción del 40% del crudo que produce Colombia, mientras que la actividad agrícola fue apenas marginal. Al tener en cuenta el alto costo del transporte, de la cal y de los nutrientes requeridos, los cultivos dejaban de ser rentables.
Hace años se supo que unas tierras brasileñas similares a las nuestras, conocidas como “El Cerrado”, mostraban una creciente productividad agroalimentaria, gracias a tecnologías y procesos desarrollados por el Centro de Investigación Agropecuaria de dicho país. Entonces CORPOICA y el CIAT firmaron un convenio con los brasileños dirigido a complementar esa experiencia con desarrollos genéticos propios resistentes a la acidez, recuperación de suelos, mejora de pastos, producción de semillas adecuadas, y control de plagas. Hoy, gracias a estos desarrollos, 4 millones de hectáreas de la región pueden acceder a niveles de productividad que los podrían convertir en la nueva despensa del país.
¿Cómo aprovechar la oportunidad de desarrollar esa frontera respetando su entorno, y sin sacrificar el inventario ganadero que hoy alcanza las 670 mil cabezas? ¿Cómo crear allí más de 1 millón de empleos calificados y mejorar los ingresos del país? ¿Cómo asegurar la sana convivencia de los actuales resguardos con los futuros asentamientos, las explotaciones de crudo, las reservas ambientales, la agroindustria y la subsiguiente urbanización?
La mayoría de las respuestas a estas inquietudes son obvias, y más bien reflejan el desdén con que el estado colombiano ha mirado al campo. Entre estas está la urgencia de titular sin mas demora las tierras poseídas precariamente por los campesinos de la zona; formar el catastro y adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial que defina los usos de los suelos, propenda por el desarrollo de las sabanas, respete los recursos naturales y organice los asentamientos que vendrán; y decidir sobre las solicitudes de restitución de 132.000 hectáreas que hoy se encuentran en tramite.
Otras recomendaciones reflejan la nueva caracterización de la Altillanura. Tienen que ver con la urgencia de capacitar a los empresarios y técnicos en cultivos como el marañón, cítricos, o arroces; o en empresas agroindustriales, como el cultivo y procesamiento de sorgo dulce, soya, maíz, palma aceitera, o caucho; o en la actividad forestal, avícola, y ganadera; o en la vinculada al transporte multimodal o el manejo y tratamiento de aguas asociadas al petróleo. Se trata de actividades diversas y que podrían llegar a generar 1 millón de empleos que tendrán que ser calificados por una red de entidades formadoras lideradas por el SENA.
Tienen que ver también con la presencia de FINAGRO y del Banco Agrario, otorgando créditos a intereses competitivos, acompañados de incentivos como el de la capitalización rural. O con la urgencia de apoyar la instalación de plantas de sacrificio de ganado en la zona, para evitar que los animales sean sacrificados en los centros de consumo, luego de una travesía que deteriora la calidad y la cantidad de la carne producida. O, aun cuando suene fuera de lugar, con estímulos a la ampliación de los oleoductos, para reducir el costo de producción en cerca de USD 15 por barril y prevenir el deterioro de las carreteras.
Dos recomendaciones requieren de mención especial, por el impacto que conllevan. La primera de esta categoría tiene que ver con la construcción de la carretera de 720 kilómetros entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, de su red complementaria, y de su conexión con Buenaventura.
Entendemos que el Estado ha comprometido aportes por USD 1 billón para esta obra, pero aún se está lejos de iniciar su construcción. Comentario similar procede con respecto la salida natural a través del Rio Meta, hacia Venezuela y el Atlántico. Esta vía, solo navegable en las condiciones actuales durante 8 meses del año, está llamada a abrir mercados dinámicos a los productos de la Altillanura. Mientras ambos la carretera y el río mantengan este estatus, la despensa permanecerá en el campo de las simples esperanzas.
La segunda tiene que ver con la promoción de un nuevo tipo societario que le permita a campesinos e inversionistas estratégicos explotar grandes extensiones, con tecnología de punta, e integradas con la industria. Se trata de sociedades concebidas para que los campesinos que así lo decidan, asuman el doble papel de capitalistas –aportantes de sus tierras-, y de trabajadores –aportantes de su mano de obra-, y a las cuales, de paso, el Estado les pueda dar en arrendamiento tierras baldías. Esta figura sería una alternativa a las actuales Unidades Agrícolas Familiares, cuyas limitaciones resultan en el estancamiento crónico de los campesinos.
La Altillanura nos ofrece la oportunidad irrepetible de diseñar un país para el futuro, con reglas y procesos que, concebidos desde lo básico, aseguren el respeto al campesino y al entorno, y promuevan el desarrollo de una nueva despensa para Colombia. Aún estamos a tiempo de diseñar allí especies de “Charter Regions”, parecidas a las propuestas por Paul Romer, con la ventaja de que su diseño sería elaborado en Colombia y regido por las normas nacionales.
Sólo resta pensar en la sostenibilidad del proyecto, que dependerá en buena parte de una investigación científica continuada y focalizada en su productividad creciente y en el control de los impactos sobre la biodiversidad y las aguas. El nuevo Sistema General de Regalías tiene aquí la oportunidad de jugar como protagonista de un proyecto que trascenderá las generaciones. Lo contrario sería comprometerse en los pequeños proyectos regionales, intrascendentes muchos, y susceptibles a los pequeños intereses.
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