Colombia enfrenta una grave emergencia en las Cárceles del país. El Gobierno dice no tener presupuesto para construir y operar rápidamente nuevos inmuebles carcelarios. A diferencia de países desarrollados, no cuenta con una opción para que proyectos de APP con capital privado ofrezcan una mejor operación y aporten para una solución.
La resocialización y la capacitación en las cárceles claramente no están dando resultados bajo su actual administración. El INPEC no viene haciendo un buen trabajo, siendo ellos los responsables de la resocialización y capacitación académica de los internos. Es común que los presos reincidan en los delitos y vuelvan rápidamente a las cárceles del país, ya que no tienen una oportunidad distinta y tampoco aprendieron algo útil durante su estadía en una cárcel. El Estado ha sido siempre un pésimo Administrador, y los efectos de sus falencias serán cada vez más impactantes.
En efecto, mientras que en el año 2000 la tasa de encarcelamiento era de 128 personas por cada 100,000 habitantes, en el año 2016 alcanzaba ya el insostenible nivel de 235 personas por cada 100,000 habitantes. El problema crece y la situación todos los días empeora como se observa en el siguiente cuadro:
Fuente: Producción propia.
Desde la perspectiva de su nivel escolar, actualmente la población intramural se divide de la siguiente manera: Iletrados 4.86%; Básica primaria 33.81%; Básica Secundaria 57.52% y Educación Superior 3.81%. Sobra anotar, además, que estas cifras demuestran la posibilidad que tiene el Estado de impactar favorablemente la productividad y la autoestima de esta población.
Hoy en día existen proyectos de APP con inversionistas privados interesados en aportar para la solución de este problema, pero la ley no lo permite. Al mismo tiempo el gobierno sin presupuesto y con operadores públicos como el INPEC, repite su pobre desempeño en los resultados de la resocialización.
Por todo lo anterior, el gobierno nacional se debe organizar y proponerse logros ofreciendo una mejor operación, eficiencias y resultados. Para esto es necesario abrirse a otras opciones, dejarse ayudar del sector privado y comprometerse con recursos que tendrían resultados contundentes para nuestra sociedad. El INPEC, y los proveedores de alimentación, mantenimiento, expendio, ropería y lavandería no pueden seguir siendo un foco de corrupción y en muchos casos actuando como un monopolio.
El sector privado debe aportar a través de proyectos de APP y así solucionar el hacinamiento y la operación. Los resultados de la resocialización y las capacitaciones deberían verse positivamente afectados en nuestra población intramural y solucionar un futuro de reincidencia. Lo anterior podría lograrse si se adopta una norma que se adapte y permita comprometer vigencias futuras adicionales de las actualmente pactadas, para así obtener una mejor operación, un mejor servicio de resocialización y una digna capacitación técnica, tecnológica y profesional. Sin lo anterior, el problema del hacinamiento jamás tendrá un control adecuado y estaremos produciendo pan, para seguir vendiendo pan.
Si, por el contrario, el Gobierno no hace algo al respecto ya, estaremos entrando muy pronto en una situación de muy graves consecuencias.